Los contribuyentes no residentes en España tienen derecho a aplicar el límite conjunto del 60% del IRPF y el IP, una prerrogativa que hasta ahora estaba reservada en exclusiva para los residentes. La resolución del Tribunal Supremo dictamina que impedir a los no residentes beneficiarse de este límite vulnera el principio de libre circulación de capitales, uno de los pilares fundamentales del TFUE. El TS considera que no existen "razones de interés general que justifiquen un trato discriminatorio" basado únicamente en el lugar de residencia del contribuyente. La decisión abre la puerta a que los no residentes que hayan pagado el impuesto en los últimos cuatro años (periodo no prescrito fiscalmente) inicien procedimientos para solicitar la rectificación de sus autoliquidaciones y la devolución de los ingresos indebidos, más los intereses de demora correspondientes.