Solo hay un inconveniente. Si no encontramos una forma de controlarlo, la guerra jurídica impulsada por la IA resultará abrumadoramente cara, y todos pagaremos el precio por ello. Dentro de un par de años, no serán solo los tribunales laborales los que se vean desbordados. Los juzgados de menor cuantía, en particular, se verán saturados de demandantes asistidos por IA que presentarán demandas por responsabilidad por productos defectuosos, ventas abusivas o cualquier otra disposición legislativa poco conocida que pueda ser objeto de acción judicial. Al fin y al cabo, es tan fácil que más vale probar suerte. El problema es que esto se va a convertir en un gran reto para la economía.