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Según los últimos datos del Ministerio de Industria y Turismo, la semana pasada se habían presentado solicitudes por valor de 305,6 millones de euros entre los particulares; y de 38,58 millones por parte de empresas y autónomos. Fuentes del sector consultadas estiman que los fondos del Auto+ se acabarían en la semana de las elecciones generales, un mes antes de lo estipulado en el BOE, que marca el 31-12-26 como el final del Auto+. De no haber cambio de Gobierno tras la cita electoral del 29N, en Industria dan por descontado que las ayudas al eléctrico continuarían en los próximos ejercicios.

Así lo determina la Sala de lo Social del TSJ de Canarias en un conflicto colectivo que presentó la Coordinadora Estatal del Sector de Handling y Aéreo contra la empresa Atlántica de Handling SLU. El litigio se centraba en el art. 53.13 del IV Convenio colectivo de la empresa, que regula el permiso para acudir al médico. La empresa sostenía que el permiso solo cubría las consultas del sistema público de salud, porque si se admitiera la medicina privada “podría usarse abusivamente”. A juicio del tribunal, “el hecho de no prestar servicios en el sistema público de salud no incide en las capacidades profesionales de la persona facultativa”, que puede igualmente “atender, diagnosticar, prescribir medicación o, en su caso tratamiento”. Por ello concluye que la finalidad del permiso “queda igualmente colmada con persona facultativa pública o privada. No hay diferencia práctica”.

Esta compensación no debe computarse para efectuar el cálculo del límite de 250.000 euros anuales de ingresos que supone la exclusión del método de estimación objetiva en el IRPF. La ponente determina que la compensación agraria no es un rendimiento de la actividad, sino un mecanismo tributario para resarcir el impuesto soportado que no resulta deducible y así garantizar la neutralidad del sistema. Es simplemente la vía para devolverle el impuesto soportado y preservar el principio de neutralidad tributaria, razona la magistrada.

Tot i això, el Tribunal Suprem acaba de recordar que, en certes situacions, sí que poden comptar per decidir si una empresa està obligada a tramitar un expedient de regulació d'ocupació (ERO). En resum, la sentència assenyala que una empresa no pot evitar un ERO simplement perquè els treballadors surtin de l'empresa per vies diferents de l'acomiadament. El més rellevant és que hi hagi una reducció de plantilla que superi els límits legals, ja que en aquest cas s'han d'aplicar les garanties pròpies de l'acomiadament col·lectiu. Per determinar-ho, els tribunals poden tenir en compte diferents tipus d'extincions de contracte, encara que no totes siguin acomiadades formalment.